"Identidad y Dignidad: El Desafiante Viaje Legal de Karla Guevara"
diseño: Elizabet Sicilia.
Redacción: Elizabeth Sicilia
Fotografía: Colectivo Alejandría
Coordinación General : Elizabeth Sicilia
"Identidad y Dignidad: El
Desafiante Viaje Legal de Karla Guevara"
Conferencia de Prensa
del Colectivo Alejandría sobre la Demanda presentada ante la CIDH por Karla
Guevara.
El Colectivo
Alejandría convocó una conferencia de prensa el día 27 de noviembre del 2024
para abordar una demanda crucial presentada ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) por Karla Guevara, debido a las violaciones de sus
derechos humanos cometidas por el Estado de El Salvador. Esta acción marca un
hito en la lucha por los derechos de la comunidad trans en el país.
La Petición
de Karla Guevara a la CIDH
Karla Guevara,
defensora de derechos humanos y activista de la población LGBTIQ+, solicitó a
la CIDH que se declare al Estado salvadoreño responsable de impedir que obtenga
documentos de identidad acorde a su identidad de género. Esta demanda se basa
en la violación de las obligaciones suscritas por El Salvador en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará).
Karla es la
primera mujer trans en El Salvador que obtuvo una sentencia favorable del
Juzgado Primero de Familia de San Salvador, permitiéndole realizar su cambio de
nombre y sexo en su partida de nacimiento y demás documentos legales.
Un Proceso
Lleno de Obstáculos
El proceso de
cambio de nombre y género de Karla comenzó en 2019 en el Juzgado Primero de
Familia. Después de casi tres años de un proceso humillante, violento y
revictimizante, el juzgado emitió una sentencia favorable en agosto de 2022.
Sin embargo, el Estado salvadoreño ha impedido que Karla cuente con documentos
de identidad acordes con su identidad de género, a pesar de la sentencia
favorable que reconoce su derecho a la identidad.
Desde que
comenzó su proceso judicial en 2019, Karla ha enfrentado un camino lleno de
obstáculos, incluyendo un amparo interpuesto por la Alcaldía de San Salvador
que ha detenido la ejecución de la sentencia favorable emitida en agosto de
2022. Este amparo ha prolongado el proceso durante más de cinco años.
Desde que
Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, su administración ha tomado varias
acciones que han afectado negativamente a la comunidad LGBTIQ+. Estas incluyen
la eliminación de oficinas que atendían a la población LGBTIQ+, la censura de
materiales educativos sobre diversidad sexual y la desestimación de iniciativas
de ley que podrían haber facilitado el proceso de cambio de nombre y género.
Durante la
presidencia de Bukele, han ocurrido crímenes de odio contra mujeres trans, como
el brutal asesinato de Anahí Rivas. La falta de directrices y protocolos
específicos para atender a la población LGBTIQ+ durante la pandemia de COVID-19
también evidencia un entorno de violencia y discriminación continua.
La
administración de Bukele ha archivado propuestas de ley importantes, como la
Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación.
Además, la Asamblea Legislativa no ha cumplido con la orden de la Sala de lo
Constitucional para crear un marco legal que permita a las personas trans
cambiar sus nombres legalmente.
En El Salvador
no existe una ley específica que regule el cambio de nombre para personas
trans. La ausencia de esta legislación obliga a las personas trans a presentar
demandas individuales ante los Juzgados de Familia, lo que resulta en
procedimientos largos y burocráticos.
En el caso de
Karla Guevara, el derecho a un nombre y la dignidad humana son esenciales,
especialmente considerando el contexto actual de El Salvador.
El Derecho
a un Nombre
El derecho a
un nombre que refleje la identidad de género de una persona es fundamental para
el reconocimiento legal y social. En el caso de Karla, tener documentos que
correspondan con su identidad de género le permitiría acceder a servicios y
oportunidades sin enfrentar discriminación ni humillación.
Los documentos
de identidad son cruciales para acceder a derechos básicos y servicios
esenciales, como la atención médica, la educación y el empleo. Sin estos
documentos adecuados, Karla y otras personas trans enfrentan barreras
significativas que afectan su calidad de vida. Un nombre que no corresponde con
la identidad de género de una persona puede exponerla a violencia y
discriminación. Tener documentos que reflejen correctamente su identidad de
género puede aumentar la seguridad personal y reducir el riesgo de abusos.
El derecho a
la dignidad humana implica que todas las personas deben ser tratadas con
respeto y sin discriminación. Reconocer la identidad de género de Karla es una
forma de honrar su dignidad y humanidad.
La dignidad
humana incluye el derecho a la autodeterminación y a vivir de acuerdo con la
propia identidad. Para Karla, esto significa ser reconocida y respetada como la
mujer que es, en todos los aspectos de su vida.
La Constitución de El Salvador y la legislación internacional garantizan la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, la falta de implementación efectiva de estos derechos para las personas trans, como Karla, muestra una brecha significativa entre la teoría y la práctica.
El 24 de
febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional, alineada con la actual Asamblea
Legislativa y el presidente Nayib Bukele, emitió una sentencia ordenando la
reforma del artículo 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural. Esta medida
pretende facilitar el cambio de nombre para los salvadoreños. Sin embargo, el
amparo y las medidas cautelares presentadas por el registrador de la Alcaldía
de San Salvador han frenado el proceso de cambio de nombre de Karla.
La
Constitución de El Salvador, en su artículo 36, establece el derecho de toda
persona a tener un nombre que la identifique, como un atributo de la
personalidad y un elemento esencial para la estabilidad y seguridad individual.
Este derecho no es una mera categoría legal; lleva consigo elementos
personales, sociales e históricos, y es fundamental para el ejercicio de otros
derechos y libertades individuales.
El Salvador
firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969 y la ratificó en
1978. Sin embargo, en la práctica, muchas personas LGBTIQ+ continúan
enfrentando condiciones que atentan contra su dignidad humana. La demanda
presentada por Karla Guevara ante la CIDH es un paso significativo en la lucha
por los derechos de la comunidad trans en El Salvador y un llamado urgente a la
acción para garantizar el respeto y la protección de sus derechos humanos.
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